Claudia Núñez | 2010-05-10 | La Opinion

A partir de esta semana la prisión del condado de Riverside comenzará a indagar el estatus legal de sus prisioneros, a fin de agilizar las deportaciones de sus indocumentados convictos.

Se espera que antes de que termine 2010 otros 25 condados sean parte de este plan federal denominado Comunidades Seguras, el cual coteja las huellas digitales de los arrestados en cárceles locales con la base de datos migratorios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), según proyecciones de la Oficina de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

"Definitivamente podemos decir que este año será el de mayor crecimiento y clave en la ampliación de este programa que ha demostrado una gran efectividad", expresó vía telefónica Richard Rocha, vocero de la oficina de Comunidades Seguras en Washington, DC.

Riverside era el último condado del Sur California que no formaba parte del sistema de rastreo. A partir del martes la región se convirtió en la decimoctava zona del estado en sumarse a la red.

Actualmente existen 180 condados en todo Estados Unidos que aceptan la indagación de huellas digitales a través de ICE, y se espera que este año el número aumente en un 29%.

Antes de Comunidades Seguras, las agencias del orden sólo indagaban los antecedentes penales de los detenidos con el Departamento de Justicia.

Con este programa la información dactilar de los convictos se equipara con los datos de más de 110 millones de personas, que están almacenados digitalmente por el Departamento de Seguridad Nacional, tales como personas que fueron arrestadas en el pasado tratando de cruzar ilegalmente la frontera; sujetos con deportaciones anteriores, e incluso aquellos que han solicitado una visa, residencia permanente o la ciudadanía.

De acuerdo con el plan federal, para antes de 2013 serán más de 3,000 localidades que indaguen el estatus legal de los prisioneros con el objetivo identificar y deportar a los delincuentes más peligrosos que se encuentran en Estados Unidos de manera ilegal.

"Esperamos incluir a futuro otro tipo de centros de detención y no sólo cárceles de distritos", explicó Rocha.

Pero la agresiva ampliación es objeto de críticas por parte de activistas pro inmigrantes, quienes censuran el enorme apoyo federal, alegando que el programa no está cumpliendo su cometido de deportar a los reos más peligrosos, ya que la mayoría de las personas que están siendo deportadas son culpables de delitos menores.

"Cuando pienso en Comunidades Seguras no me queda duda de que es el ‘primo’ de la SB-1070 [la ley de Arizona que otorga poder a la Policía local para cuestionar el estatus migratorio de una persona si sospecha que esta indocumentada en el país]. Nos preocupa que el hostigamiento racial por parte de la Policía resulte en detenciones sólo por el perfil racial y en las deportaciones de personas inocentes", comentó a La Opinión Jorge Mario Cabrera, portavoz de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA) en Los Ángeles.

El activista destacó que la región del Inland Empire, la cual comprende los condados de Riverside y San Bernardino, ha sido objeto constante de ataques contra la comunidad inmigrante.

San Bernardino lanzó el programa apenas el mes pasado.

"Con la excusa de que están deteniendo criminales, continúan deportando incluso a aquellos que ni siquiera han sido acusados o condenados por un delito", apuntó Cabrera.

La oficina federal argumentó que el crecimiento del programa Comunidades Seguras en California, más que en otros estados, se debe a su ubicación fronteriza y a su alta concentración de población inmigrante.

"Básicamente tenemos cubierta toda la frontera. Al día de hoy cada prisión local de los condados fronterizos es parte del programa", destacó Rocha.

El esfuerzo comenzó a finales de 2008 y opera en más de 150 condados de todo Estados Unidos, incluyendo San Bernardino, donde se lanzó el mes pasado.

Richard Rocha, de Comunidades Seguras, dijo que desde que este programa fue creado en 2008, más de 33,300 convictos han sido deportados.

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