Los Ángeles, California - La Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA), una de las organizaciones de derechos de los inmigrantes más grandes del país, reaccionó al desastroso fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos, que no aborda la legalidad de la Orden Ejecutiva del presidente, que intenta limitar la ciudadanía por nacimiento, la cual todos los tribunales inferiores que han abordado el tema han declarado inconstitucional. En cambio, la decisión concede una suspensión parcial de los mandatos judiciales a nivel nacional, en la medida en que sean más amplios de lo necesario para brindar un alivio completo a los demandantes, dejando esa determinación en manos de los tribunales de distrito.
La orden judicial que prohíbe la ejecución de la Orden Ejecutiva sigue vigente respecto de los demandantes en estos casos: los demandantes individuales nombrados, los miembros de ASAP y los miembros de CASA, así como los residentes de los 22 estados, incluida California, que también demandaron a la Administración.
Los siguientes comentarios pueden atribuirse a Angélica Salas, Directora Ejecutiva de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA):
El fallo de hoy no aborda la constitucionalidad de la ciudadanía por nacimiento y, en cambio, otorga al presidente Trump más poder ejecutivo para impulsar su agenda con tintes raciales. La hipocresía y el recuerdo selectivo de quienes ahora critican las protecciones de una orden judicial, mientras las utilizan eficazmente durante las administraciones de Biden u Obama, son flagrantes.
Esta es una decisión terriblemente equivocada y que podría dejar a algunos ciudadanos nacidos en Estados Unidos, hijos de padres indocumentados que viven en algunos estados y jurisdicciones, apátridas y desprotegidos, y a otros que viven en otros estados o jurisdicciones en el limbo.
La orden ejecutiva del Sr. Trump no entrará en vigor hasta dentro de 30 días, durante los cuales seguiremos defendiendo la promesa fundamental de la Constitución: que todo niño nacido en territorio estadounidense es igual ante la ley. El árbitro final de esta cuestión no es un tribunal ultraconservador en Washington, D.C., sino el poderoso brazo de la justicia y la historia, que nos acompañan.
